ARTICULO 30: Obligación de proporcionar información. Toda persona individual o jurídica, incluyendo al Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas, las copropiedades, sociedades irregulares, sociedades de hecho y demás entes, aún cuando no tengan personalidad jurídica, están obligados a proporcionar al funcionario de la Administración Tributaria que goce de la delegación para el efecto, la información sobre actos, contratos, actividades mercantiles, profesionales o de cualquier otra naturaleza, con terceros, que sea requerida a efecto de verificar la determinación o generación de tributos, dejando a salvo los datos protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala y leyes especiales.
La Administración Tributaría y sus funcionarios recibirán la información bajo reserva de confidencialidad. Cuando se trate de información protegida por virtud del secreto profesional, la Administración Tributaria observará las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos.
La Administración Tributaria avisará a los contribuyentes o terceros, por los medios que estime pertinentes, que deben informar de sus actividades afectas generadoras de tributos, exentas o efectuadas con terceros, en forma electrónica, con determinada periodicidad, facilitando para el efecto los medios, formatos, contenidos u otros elementos que contendrán la información que se le solicite.
Las certificaciones, constancias u otras informaciones que requiera la Administración Tributaria a instituciones públicas, serán expedidas dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días y sin generar honorarios.
Análisis del Artículo 30
Este artículo consagra una de las facultades de fiscalización más amplias y fundamentales de la SAT. Al utilizar el verbo imperativo “están obligados a proporcionar”, el legislador establece un deber formal ineludible y de alcance universal.
La consecuencia jurídica directa es que la negativa a entregar la información requerida constituye una infracción sancionable. Esto garantiza que la SAT cuente en todo momento con los elementos necesarios para cruzar información y verificar el correcto pago de impuestos.
Sujetos obligados y la Primacía de la Realidad
Resulta vital analizar la inclusión de “sociedades irregulares, sociedades de hecho y demás entes, aún cuando no tengan personalidad jurídica”. Jurídicamente, esto responde al principio de primacía de la realidad.
Para el derecho fiscal, el fondo económico (el hecho generador y la capacidad de pago) prevalece sobre la forma civil. El hecho de que un negocio opere al margen de la formalidad registral no lo exime frente a la SAT de su obligación de reportar sus operaciones y contratos con terceros.
Confidencialidad y Fiscalización Electrónica
La norma establece que la actuación se realiza bajo reserva de confidencialidad. Los funcionarios de la SAT tienen prohibido divulgar los datos recabados, restringiendo su uso exclusivamente a la determinación de tributos.
Asimismo, faculta a la SAT a exigir que esta información se remita “en forma electrónica” y “con determinada periodicidad”. Este mandato es la base legal que permite a la administración tributaria crear plataformas modernas y exigir reportes masivos (como anexos, declaraciones informativas de terceros o reportes de inventarios).
Agilidad en el Sector Público
El legislador también impone un mandato estricto para evitar trabas burocráticas: si la SAT requiere información a otras instituciones públicas, estas tienen un plazo improrrogable de 30 días para entregarla de forma totalmente gratuita.
Lo que NO dice el artículo:
Esta disposición no le otorga a la SAT un poder absoluto de requerimiento que vulnere derechos humanos o garantías fundamentales. El mismo texto deja a salvo “los datos protegidos por la Constitución”. Esto significa que un simple requerimiento administrativo de la SAT no puede vulnerar el secreto bancario ni extraer información amparada por el secreto profesional; para acceder a esa información, la SAT siempre deberá cumplir con los procedimientos de autorización judicial que marcan las leyes especiales.
Disclaimer: La interpretación de este artículo es meramente informativa y no constituye asesoría fiscal. Para consultas específicas, contacte a los profesionales de Vesco Consultores.
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