CÓDIGO TRIBUTARIO
ARTICULO 99 “A”: Cobro de saldos deudores líquidos y exigibles. Cuando existan saldos líquidos y exigibles a favor de la Administración Tributaria, ésta le notificará al contribuyente sobre tal circunstancia y le requerirá el pago de lo adeudado administrativamente, el que debe efectuarse dentro del plazo de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente de la notificación del requerimiento.
De no obtenerse el pago correspondiente, se procederá al cobro por la vía Económico Coactiva.
Análisis del Artículo 99 “A”
El Artículo 99 “A” se sitúa en el ámbito del procedimiento administrativo de cobro, otorgando a la SAT una potestad de requerimiento inmediato. El uso del tiempo verbal imperativo “requerirá” seguido del condicional procedimental “se procederá” establece una consecuencia jurídica directa y perentoria. Este diseño normativo garantiza que la Administración Tributaria tenga un mecanismo expedito para recuperar montos que ya no están sujetos a discusión, fortaleciendo el principio de eficacia en la recaudación sin vulnerar el debido proceso, ya que el contribuyente es notificado formalmente antes de cualquier acción coercitiva.
Para comprender el alcance de este artículo, es fundamental desglosar la frase “saldos líquidos y exigibles”. Jurídicamente, un saldo es “líquido” cuando la cantidad adeudada está determinada numéricamente de forma exacta y no sujeta a estimaciones; y es “exigible” cuando el plazo legal para su pago ha vencido y no existe ningún recurso administrativo o judicial pendiente de resolución que suspenda el cobro. En este punto cobra vida el principio de certeza jurídica: la SAT no puede requerir el pago por esta vía rápida si la deuda es incierta o si el contribuyente aún está discutiendo el ajuste en las instancias correspondientes.
El artículo establece un procedimiento compuesto por supuestos y plazos estrictamente consecutivos. Primero, es obligatoria la “notificación del requerimiento” por parte de la SAT. Segundo, se otorga un plazo de gracia de cinco (5) días (contados a partir del día siguiente a la notificación). Tercero, si el pago no se materializa en esa ventana de tiempo de forma acumulativa, se agota la fase administrativa y el expediente se traslada inexorablemente a la “vía Económico Coactiva”, que es el juicio ejecutivo y privativo del Estado de Guatemala para cobrar sus créditos.
Lo que NO dice el artículo: La norma no detalla de manera explícita que los cinco días estipulados se refieren exclusivamente a días hábiles, regla general que debe integrarse con otras disposiciones del Código Tributario. Tampoco advierte que, una vez iniciado el proceso en la vía Económico Coactiva, los intereses resarcitorios, multas y costas judiciales seguirán acumulándose, ni detalla que en esa etapa procesal las excepciones (defensas) que el contribuyente puede interponer son sumamente limitadas y tasadas por la ley.
Disclaimer: La interpretación de este artículo es meramente informativa y no constituye asesoría fiscal. Para consultas específicas, contacte a los profesionales de Vesco Consultores.
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