La Resolución de Superintendencia SAT-DSI-1793-2026 fija las nuevas disposiciones del Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL). Rige desde el 12 de noviembre de 2026. Su punto más delicado: una factura electrónica solo es válida si la SAT la acepta (art. 7), y la SAT puede rechazarla después de certificada, sin plazo fijado en la resolución.
📌 En resumen
- Norma: Resolución SAT-DSI-1793-2026, emitida el 6 de noviembre de 2026 y publicada en el Diario de Centro América el 11 de noviembre de 2026.
- Vigencia: desde el día siguiente a su publicación, es decir, el 12 de noviembre de 2026 (art. 29). No trae período de transición.
- Validez: un DTE es válido solo si la SAT lo acepta (art. 7); la SAT “podrá rechazar” los DTE que no cumplan las reglas (art. 6).
- Conservación: emisor y receptor guardan el DTE mientras no prescriba la obligación: 4 años por regla general (art. 47 del Código Tributario, Decreto 6-91), con posibles ampliaciones e interrupciones.
- Certificadores: capital mínimo de Q1,000,000, seguro de caución de Q1,000,000 y renovación anual (arts. 15, 19 y 15 párrafo final).
¿Qué es la Resolución SAT-DSI-1793-2026 y desde cuándo rige?
Es la resolución del Superintendente que norma la emisión, transmisión, certificación y conservación de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE). Un DTE es el archivo XML de una factura, nota de crédito, nota de débito, nota de abono, recibo u otro documento que la SAT autorice (art. 3). Rige desde el 12 de noviembre de 2026 (art. 29).
La SAT la emitió con base en los arts. 25 bis numeral 2 y 29 “A” de la Ley del IVA (Decreto 27-92) y los arts. 29 y 30 de su Reglamento (Acuerdo Gubernativo 5-2013). Esas normas facultan a la SAT para fijar las características de las facturas electrónicas.
La resolución no trae disposiciones transitorias. Tampoco dice qué pasa con el Acuerdo de Directorio 13-2018, que creó el Régimen FEL. Más adelante explicamos por qué importa.
¿Cuándo es válida una factura electrónica según la nueva resolución?
Una factura FEL es válida solo cuando la SAT la acepta. El art. 7 lo dice en una línea: “Para que un DTE sea válido, deberá estar aceptado por la SAT”. Que el certificador la haya certificado no basta.
El proceso tiene tres pasos. El certificador verifica y autoriza el DTE con un número único (art. 5). Luego la SAT, al recibirlo, revisa reglas, autenticidad, integridad y formato (art. 6). Si algo no cumple, la SAT “podrá rechazar” el DTE y envía al certificador un acuse de aceptación o rechazo.
Tres detalles del texto pesan mucho:
- No hay plazo. La resolución no dice cuánto tiempo tiene la SAT para aceptar o rechazar. Deja el “procedimiento y las condiciones del rechazo” a la Documentación Técnica FEL (art. 6).
- El acuse va al certificador. Ni el emisor ni el receptor reciben el acuse por mandato de esta resolución. El receptor solo se entera si consulta el DTE en los medios electrónicos de la SAT (art. 10).
- “Podrá” es facultativo. La SAT decide si rechaza. El texto no exige que lo notifique al receptor.
Por qué afecta al comprador. El crédito fiscal del IVA se respalda con facturas (art. 18 de la Ley del IVA, Decreto 27-92). Un DTE que la SAT no aceptó no es válido; por tanto, no debería sostener crédito fiscal ni un costo deducible del ISR (art. 21 de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012).
Ejemplo. Una empresa compra maquinaria por Q112,000 (Q100,000 más Q12,000 de IVA). Registra Q12,000 de crédito fiscal en noviembre. Si el DTE del proveedor fue rechazado por la SAT y nadie lo revisó, en una fiscalización esos Q12,000 se pueden objetar, con la multa e intereses que correspondan.
Lo mismo pasa con la anulación. El emisor anula un DTE por su cuenta, con una transacción firmada electrónicamente (art. 9). La resolución no fija plazo para anular ni exige avisar al receptor. Antes de registrar el crédito fiscal, conviene verificar en la SAT que cada DTE recibido esté aceptado y no anulado.
¿Es igual una factura certificada por la SAT que una de un certificador privado?
No en el momento de la revisión. Si la SAT actúa como certificador, revisa el DTE “en el momento de la emisión” (art. 6, tercer párrafo). Si certifica un privado, la SAT revisa “al momento de recibir” el DTE ya certificado. Entre una cosa y otra puede haber una ventana en la que el documento circula sin aceptación.
Además, la SAT no necesita Firma Electrónica Avanzada cuando certifica (art. 2 literal k, párrafo final). Los certificadores privados sí la necesitan.
Un error de remisión. El art. 5 indica que la SAT, como certificador, “atenderá lo dispuesto en el artículo 2, literal j)”. Pero el literal j) define la firma electrónica simple. La exención de la SAT está en el literal k). Es un error de forma, pero en una discusión sobre la validez de un DTE certificado por la SAT, una remisión equivocada puede servir de argumento.
¿Qué pasa si no puedo certificar una factura por una falla del sistema?
Entra en contingencia, pero debe poder justificarla. La resolución define contingencia como una “situación justificada” que impide certificar el DTE de inmediato (art. 2 literal g) y exige que sea “debidamente justificada” (art. 5, último párrafo).
La resolución no dice qué situaciones cuentan, ni en cuántas horas debe certificarse el documento después. Todo eso lo remite a la Documentación Técnica FEL. La carga de probar la falla queda en el emisor. Guarde evidencia de cada caída: hora, pantalla de error, reporte del certificador o del proveedor de internet.
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¿Puede la SAT cambiar las reglas FEL sin emitir otra resolución como esta?
Puede cambiar los detalles técnicos con mucha facilidad. Las “Disposiciones del Régimen FEL” incluyen esta resolución, la Documentación Técnica FEL y “las que se emitan con posterioridad” (art. 2 literal h). La Documentación Técnica se actualiza por resoluciones de Superintendencia (art. 2 literal i) y basta con publicarla en el sitio web de la SAT (art. 27).
Eso importa porque la resolución remite a esa documentación los puntos que más afectan al contribuyente: el rechazo de DTE, la contingencia, la anulación y las reglas de validación. Una regla que hoy no existe puede aparecer en una actualización técnica. Asigne a alguien de su equipo, o a su asesor, la tarea de revisar esa página cada mes.
El art. 239 de la Constitución reserva a la ley las bases de recaudación, infracciones y sanciones. Una actualización técnica no puede crear ninguna de esas. Si alguna lo intenta, puede impugnarse.
¿Quién responde si alguien usa mi certificado de firma electrónica?
Usted. El art. 12 dice que el emisor “es directamente responsable del resguardo y utilización del certificado” de firma electrónica de emisión que entrega la SAT. Cada factura firmada con ese certificado se le atribuye a su empresa.
El riesgo real está en quién tiene acceso: un exempleado, un proveedor de software o un contador externo que conservó la clave. Lleve un registro de quién usa el certificado, cámbielo cuando alguien deje la empresa y revise cada mes en la Agencia Virtual los DTE emitidos a su nombre.
¿Puede la SAT impedirme facturar?
Sí. Cuando la SAT suspende la inscripción en el IVA conforme al art. 120 del Código Tributario, “se denegará al contribuyente la autorización para la emisión de facturas electrónicas” (art. 13, último párrafo). Sin factura, la empresa no puede vender formalmente.
El art. 120 fue reformado por el Decreto 31-2024 y prevé la suspensión, entre otros casos, por omisión en el pago del IVA o por no ubicar al contribuyente en su domicilio fiscal. La Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente en diciembre de 2025 una parte de ese artículo (la referida al registro de accionistas en el RTU). Antes de impugnar una suspensión, revise qué parte del art. 120 sigue vigente.
También puede perder la habilitación de forma indirecta. Para ser emisor necesita tener el RTU inscrito, actualizado o ratificado (art. 12 literal a). Un RTU desactualizado es un riesgo para la facturación.
¿Qué hago si mi certificador FEL deja de operar?
Debe migrar a otro certificador de forma obligatoria (art. 14). La SAT puede rescindir el contrato del certificador de manera unilateral, sin responsabilidad, incluso “cuando el contrato deje de ser conveniente para sus intereses institucionales” (art. 20 literal a, numeral i). Es una causal muy amplia.
Desde que empieza la rescisión, el certificador no puede firmar contratos nuevos (art. 23). Debe presentar un plan de migración, y si la salida la decidió la SAT, la SAT fija el plazo. Usted no controla ese calendario.
La salida práctica está en el mismo art. 14: “El emisor puede operar con más de un certificador de manera simultánea”. Tener acreditado un segundo certificador, o la opción de la SAT como certificador, evita que una rescisión detenga su facturación. Revise también su contrato con el certificador: el art. 21 exige cláusulas de seguridad, confidencialidad y un acuerdo de nivel de servicio.
Si su empresa certifica sus propios DTE, no queda fuera de los requisitos. La resolución solo la exime de las declaraciones juradas de los literales e) y f) del art. 15.
| Requisito | Certificador para terceros | Empresa que certifica sus propios DTE | Base legal |
|---|---|---|---|
| Capital mínimo | Q1,000,000 (Q5,000,000 en activos fijos netos si es no lucrativa) | Q1,000,000 | Art. 15 literales g), h), i) |
| Firma Electrónica Avanzada | Obligatoria | Obligatoria | Art. 15 literal l) |
| Certificado de seguridad de la información | Obligatorio y renovación anual | Obligatorio y renovación anual | Art. 15 literal b) y párrafo de renovación |
| Declaración jurada de accionistas y administradores | Obligatoria | No aplica | Art. 15 literal e) |
| Aviso de cambio de profesionales clave | 30 días hábiles | 30 días hábiles | Art. 15 literal m) |
| Seguro de caución a favor de la SAT | Q1,000,000 | El texto no lo exime | Art. 19 |
¿Cuánto tiempo debo guardar las facturas electrónicas y en qué formato?
Mientras no prescriba la obligación tributaria, y en XML. El art. 24 obliga al emisor a guardar los archivos XML y al receptor, “cuando corresponda”, a guardar los DTE durante el mismo plazo legal.
El plazo no es fijo. La prescripción general es de 4 años (art. 47 del Código Tributario), se amplía a 8 años si el contribuyente no estaba inscrito (art. 48) y se interrumpe con la notificación de una fiscalización, entre otros casos (art. 50). Un período en revisión sigue abierto.
El formato importa. La resolución define el DTE como un archivo XML (art. 3). El PDF y la impresión son “representación gráfica” (art. 8). El emisor puede entregar el DTE en cualquiera de las tres formas, pero debe tener la capacidad de entregar las tres. Si usted recibe solo PDF, pida el XML o descárguelo de la SAT: un PDF no es el DTE.
La obligación de usar FEL alcanza también a las operaciones exentas: el régimen es “el único medio de emisión” de DTE, “ya sea por operaciones gravadas o exentas” (art. 11).
¿Qué hace el certificador con la información de mis facturas?
La resguarda, pero con dos excepciones que conviene conocer. El certificador se compromete a no comercializar ni revelar la información de los contribuyentes (art. 15 literal e, con cita de los arts. 64 y 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública).
Sin embargo, con autorización de la SAT, puede ofrecer a los emisores “otros servicios” basados en el “uso y consumo de datos” de los DTE y de otras fuentes de la SAT (art. 18). Y debe informar a la SAT y al Ministerio Público, a más tardar el día hábil siguiente, los hechos que presuman actos ilícitos que conozca por su servicio; si no lo hace, pierde el contrato (art. 20 literal a, numeral iii). Además, la SAT puede monitorear en línea las operaciones de los certificadores (art. 26).
En la práctica, sus facturas son información que la SAT ve en tiempo real y que su certificador está obligado a reportar si detecta algo irregular.
¿Qué no aclara la resolución?
Cinco puntos quedan abiertos y conviene seguirlos:
- No deroga ni menciona el Acuerdo de Directorio 13-2018, que creó el Régimen FEL. Una resolución del Superintendente no puede derogar un acuerdo del Directorio, que es un órgano superior. Si ambas normas dicen cosas distintas, habrá que discutir cuál aplica.
- No hay plazo para que la SAT acepte o rechace un DTE (art. 6).
- No hay plazo para anular un DTE ni aviso obligatorio al receptor (art. 9).
- No hay transición para los certificadores que ya operan frente a los nuevos requisitos de capital, caución y declaraciones juradas.
- El art. 1 no menciona las notas de abono, que sí aparecen en el art. 3. Quedan cubiertas por “otros documentos”, pero la diferencia muestra una redacción poco cuidada.
¿Cuáles son los 9 puntos sensibles de la nueva resolución FEL?
| # | Punto sensible | Artículo | A quién afecta | Qué hacer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La validez depende de que la SAT acepte el DTE, sin plazo | 6 y 7 | Receptor | Verificar cada DTE antes de registrar crédito fiscal |
| 2 | Anulación unilateral sin aviso al receptor | 9 | Receptor | Revisar anulaciones antes de cerrar el mes |
| 3 | Revisión distinta si certifica la SAT o un privado | 5 y 6 | Emisor y receptor | Conocer quién certifica a sus proveedores |
| 4 | Contingencia que debe justificarse | 2 lit. g) y 5 | Emisor | Documentar cada caída del sistema |
| 5 | Reglas que cambian por publicación web | 2 lit. h) e i), 27 | Todos | Revisar la Documentación Técnica cada mes |
| 6 | Responsabilidad directa por el certificado de firma | 12 | Emisor | Controlar accesos y renovar al haber salidas |
| 7 | Suspensión del IVA = no poder facturar | 13 | Emisor | Mantener IVA al día y RTU actualizado |
| 8 | Migración obligatoria si el certificador sale | 14, 20 y 23 | Emisor | Tener un segundo certificador habilitado |
| 9 | Conservar el XML durante toda la prescripción | 24 | Emisor y receptor | Archivar XML, no solo PDF |
Preguntas frecuentes
Es la resolución del Superintendente de Administración Tributaria que contiene las disposiciones administrativas del Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL). Regula la emisión, certificación, validez y conservación de los Documentos Tributarios Electrónicos y los requisitos de los certificadores. Fue emitida el 6 de noviembre de 2026 y publicada el 11 de noviembre de 2026.
Rige desde el 12 de noviembre de 2026, el día siguiente a su publicación en el Diario de Centro América, según su art. 29. La resolución no incluye un período de transición, por lo que emisores, receptores y certificadores deben ajustarse a sus reglas desde esa fecha.
Una factura electrónica es válida solo cuando la SAT la acepta, según el art. 7 de la Resolución SAT-DSI-1793-2026. No basta con que el certificador la certifique. La SAT revisa el documento después de recibirlo y puede rechazarlo si no cumple las reglas y validaciones, conforme al art. 6.
Un DTE rechazado no es válido (art. 7 de la resolución). Como el crédito fiscal debe respaldarse con facturas (art. 18 de la Ley del IVA, Decreto 27-92), la SAT puede objetar ese crédito en una fiscalización. Verifique en la SAT que cada factura recibida esté aceptada antes de registrarla.
La Resolución SAT-DSI-1793-2026 no fija un plazo. El art. 6 remite el procedimiento y las condiciones del rechazo a la Documentación Técnica FEL. Cuando la SAT actúa como certificador, la verificación ocurre en el momento de la emisión; con certificadores privados, ocurre al recibir el documento certificado.
Es una situación justificada que impide al emisor certificar un DTE de inmediato, según el art. 2 literal g) de la resolución. El art. 5 exige que esté debidamente justificada y remite las reglas a la Documentación Técnica FEL. El emisor debe conservar pruebas de la falla para respaldar la contingencia.
Debe guardarlas mientras no prescriba la obligación tributaria (art. 24 de la resolución). La regla general es de 4 años (art. 47 del Código Tributario), ampliable a 8 años si no hubo inscripción (art. 48). El plazo se interrumpe, por ejemplo, con una fiscalización notificada (art. 50).
No es lo recomendable. El art. 3 de la resolución define el DTE como un archivo XML, y el art. 8 trata el PDF y la impresión como representación gráfica. El emisor debe conservar el XML (art. 24). El receptor debe pedir el XML o descargarlo de la SAT para conservar el documento válido.
Sí. El art. 13 de la resolución indica que, si la SAT suspende la inscripción en el IVA conforme al art. 120 del Código Tributario, se denegará la autorización para emitir facturas electrónicas. Mantener el IVA pagado y el RTU actualizado es la mejor prevención contra esta medida.
Debe migrar obligatoriamente a otro certificador (art. 14). La SAT puede rescindir el contrato del certificador por conveniencia institucional (art. 20) y fijar el plazo de migración (art. 23). Como el art. 14 permite operar con varios certificadores a la vez, conviene tener uno alterno habilitado desde ahora.
El emisor. El art. 12 de la Resolución SAT-DSI-1793-2026 establece que el emisor es directamente responsable del resguardo y uso del certificado que entrega la SAT. Cualquier factura firmada con ese certificado se atribuye a la empresa, aunque la haya emitido un tercero con acceso no controlado.
Entre otros: capital mínimo de Q1,000,000 (Q5,000,000 en activos fijos netos si es no lucrativa), solvencia fiscal, Firma Electrónica Avanzada y certificado de seguridad de la información (art. 15). Debe firmar contrato con la SAT, presentar un seguro de caución de Q1,000,000 (art. 19) y renovar su autorización cada año.
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