Expediente No. 538-2011 – Contencioso Administrativo

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: 

I. Interponente: Superintendencia de Administración Tributaria, a quien en lo sucesivo se le denominará SAT, que actúa por medio de su mandatario especial judicial con representación, Carlos Enrique Reynoso Gil. 

II. Parte contraria: Aseguradora General, Sociedad Anónima, que actúa a través de su presidente del consejo de administración y representante legal, Enrique Juan Neutze Aycinena. 

III. Tercero: Procuraduría General de la Nación, que actúa a través de su personero, Juan Ildefonso Juárez Ruíz. 

CUESTIONES DE HECHO: 

I. La SAT, con ocasión de la auditoría de campo efectuada a la entidad Aseguradora General, Sociedad Anónima, formuló ajustes relacionados a la renta imponible del impuesto sobre la renta, respecto al período fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil. 

II. La entidad contribuyente interpuso recurso de revocatoria contra la resolución que confirmó los ajustes, el cual fue declarado parcialmente con lugar por el Directorio de la SAT, como consecuencia revocó parcialmente la resolución administrativa y confirmó parcialmente la misma en cuanto al ajuste a la renta imponible por rentas gravadas declaradas indebidamente como exentas. 

III. Contra esa resolución, se promovió proceso contencioso administrativo. 

Recurso de casación interpuesto por la Superintendencia de Administración Tributaria contra la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el once de julio de dos mil once. 

DOCTRINA: 

Error de hecho en la apreciación de la prueba 

Se configura este submotivo si el tribunal sentenciador no realiza una percepción exacta, ajustada a la realidad objetiva y manifiesta de la información que emana del medio de convicción, y por consiguiente efectúa conclusiones que discrepan de su contenido. 

LEY ANALIZADA: Artículo 621 inciso 2º del Código Procesal Civil y Mercantil. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL: Guatemala, veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. 

1. Se integra la Cámara con los Magistrados suscritos; 
2. En cumplimiento de lo resuelto dentro de las diligencias de asistencia de ejecución emitida por la Corte de Constitucionalidad el nueve de mayo de dos mil dieciséis, dentro del expediente número mil quinientos siete guion dos mil trece (1507-2013), se emite nueva sentencia en el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el once de julio de dos mil once, por la Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA: 

La Sala declaró con lugar parcialmente la demanda y revocó parcialmente la resolución administrativa. Para el efecto, consideró: «… B.1 Ajuste a la renta imponible o rentas gravadas declaradas indebidamente como exentas, por Q1,734.137.31. 

Tal como se expuso con antelación, la autoridad tributaria impuso el ajuste sobre la base que la entidad mercantil contribuyente declaró como exentos los intereses percibidos por inversiones efectuados con Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar (VIVIBANCO), quien las «garantizó» ( … ) con cédulas hipotecarias aseguradas bajo el régimen F.H.A., «de su propiedad» ( … ) y VIVICÉDULAS emitidas a su favor. ( … ) Ponderado lo anterior, el Tribunal aprecia que el ajuste concerniente a declarar como renta exenta los intereses percibidos por «inversiones» efectuadas con el Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, Sociedad Anónima, puesto (sic) «las cédulas hipotecarias aseguradoras ( … ) de su propiedad y Vivicédulas emitidas a su favor», sustrae la intención y la finalidad del artículo sesenta y cinco del Código Tributario, por las razones que se expondrán adelante ( … ).

»Puntualizados los conceptos y citas legales realizadas supra, es necesario ponderar la aseveración de la autoridad tributaria en cuanto a que el monto ajustado corresponde a intereses provenientes de «inversiones» efectuadas en la entidad VIVIBANCO. Por lo tanto, al revisar la prueba aportada (folios diecisiete al treinta y seis del expediente judicial), se demuestra que la recurrente realizó inversión de compra en créditos garantizados con cédulas hipotecarias, las cuales, al revisarlas, están, según consta en los certificados ‘de custodia y certificados de participación cedularía (sic) que acompaña, en poder de VIVIBANCO, quien emitió a la contribuyente los primeros mencionados sobre la adquisición hecha. Para dilucidar lo anterior, el Tribunal confronta y analiza los documentos señalados en el texto anteriormente trascrito (sic), encontrando que a folio veinticuatro del expediente judicial, se encuentra en fotocopia el certificado de custodia número novecientos noventa mil setecientos quince guión (sic) ciento quince, encontrándose en el mismo, al inicio el siguiente texto: 

«El Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, Sociedad Anónima (en adelante llamado VIVIBANCO) hace constar que: *ASEGURADORA GENERAL* (en adelante llamado el inversionista) ha adquirido de esta Institución: CEDULAS (sic) HIPOTECARIAS», y al final también se lee: «El inversionista Entrega (sic) en custodia dichos valores a VIVIBANCO, el que por medio de su representante legal los recibe de conformidad.» »De lo antes expuesto, derivado de las pruebas relacionadas, se determina que las cédulas hipotecarias y certificados de participación generadores de los intereses son de Aseguradora General, Sociedad Anónima, y no de otra entidad financiera o bancaria, como lo asevera la autoridad tributaria, y, siendo así, al tenor de lo establecido en el artículo treinta y cuatro del (sic)la Ley del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, que establece: 

Los intereses que devenguen los créditos hipotecarios asegurados bajo el régimen que esta ley establece, estarán exentos del pago de toda clase de impuestos, contribuciones o recargos, directos o indirectos, presentes o futuros; tales intereses constituyen renta exenta. Tal tesis se apoya en el artículo sesenta y cinco del Código Tributario, que prevé tal exención en la forma dicha con anterioridad. En adición, por lo dicho por el ente tributario, la inversión realizada por la hoy demandante, por compra o participación, aunque fuere secundaria, cuestión que no distingue, está calcada en lo preceptuado al final de (sic) primer párrafo del artículo treinta y dos del texto legal en mención ( … ).

»Por consiguiente, en base a los análisis y enjuiciamientos realizados con antelación, pruebas receptadas legalmente y valoradas conforme la ley, prueba documental que no fue atacada por contraparte alguna, y ley citada, el Tribunal llega a la convicción de revocar este ajuste, toda vez, los intereses captados por la entidad mercantil hoy demandante, fueron por inversiones hechas ‘per se’ en cédulas hipotecarias, adquiriendo la propiedad o coparticipación (sic) de las mismas, siendo dichos intereses exentos de toda clase de impuestos, contribuciones o recargos, directos o indirectos «presentes o futuros»… ». 

MOTIVO Y SUBMOTIVO INVOCADOS: 

Motivo de fondo:

Submotivo: 

Error de hecho en la apreciación de la prueba.

CONSIDERANDO 

I

La entidad recurrente respecto al presente submotivo argumentó: «… La contribuyente en la Declaración Jurada Anual del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2000, declaró como renta exenta los intereses percibidos por inversiones efectuadas con «Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, Sociedad Anónima» (VIVIBANCO), quien las garantizó con cédulas hipotecarias aseguradas bajo el régimen F. H. A., de su propiedad y Vivicédulas emitidas a su favor. »… Sin embargo, la Administración Tributaria al revisar los montos declarados como rentas exentas, (folios 12, 16 y 160 del expediente administrativo), se determinó que la contribuyente tuvo ingresos que denominó ingresos Provenientes de Intereses sobre Cédulas Hipotecarias VIVIBANCO, por el monto que se ajustó, porque corresponden a intereses provenientes de inversiones efectuadas en la entidad VIVIBANCO, y no por compraventa y se garantizaron esas inversiones con cédulas hipotecarias aseguradas por el F.H.A. 

»Es importante indicar que VIVIBANCO emitió a favor de la demandante Certificados de Custodia sobre la inversión realizada y en los mismos no se describe cuáles cédulas supuestamente se adquirieron en propiedad, sino solo el monto de la inversión, tasa de interés que por supuesto es distinta a las que devengan las propias cédulas hipotecarias y un plazo también diferente al cual le denominan vencimiento de la inversión ( … ).

»Además, en los párrafos transcritos en la sentencia del documento denominado Certificado de Custodia arriba identificado el Tribunal no transcribió las demás condiciones contenidas en el mismo y que son fundamentales para determinar la naturaleza de la operación mercantil como lo son: Que la inversión y no compraventa devengaría una tasa de interés del 14.00% anual fija, que es distinta a la que devengan las cédulas hipotecarias dadas en garantía. Además se estableció un plazo de la inversión de 180 días la cual tenía una fecha de vencimiento al 11 de enero del año 2000. 

De lo anterior se deduce con claridad meridiana de que si la operación celebrada hubiese sido de compraventa de cédulas hipotecarias, obviamente no hubiese existido ningún plazo de inversión y mucho menos fecha de vencimiento, pues por el contrato de compraventa mercantil en este caso, que se regula en el artículo 695 del Código de Comercio y la compraventa civil contenida en el artículo 1790 del Código Civil el elemento fundamental del mismo es la transferencia de la propiedad de una cosa por parte del vendedor al comprador que se obliga a pagar el precio en dinero. Si hubiese sido la negociación la compraventa de cédulas hipotecarias, no podría haber existido ni plazo de vencimiento ni fecha de vencimiento pues por ser un contrato consensual se perfecciona con la entrega de la cosa. Lo que realmente existió en el presente caso es una inversión efectuada por el contribuyente en VIVIBANCO, a cambio de la cual esa entidad le dio en garantía Cédulas Hipotecarias las cuales mantuvo en su poder entregándole un Certificado de Custodia como garantía real de la inversión. Dicha inversión fue renovada varias veces pero nunca se celebró un contrato de compraventa. 

Por consiguiente, lo que percibía Aseguradora General eran los intereses que generaban dicha inversión, garantizados con cédulas hipotecarias, con una tasa de interés diferente a las que generan las mismas cédulas y con un plazo también diferente ( … ). »… El Tribunal afirma que al revisar la prueba aportada de los folios 17 al 36 del expediente judicial, se demuestra que la recurrente «realizó inversión de compra en créditos garantizados con cédulas hipotecarias…». Al hacer tal afirmación el Tribunal comete error de hecho en la apreciación de las pruebas por tergiversación de los documentos que obran en los folios mencionados, pues en ninguno de los documentos allí contenidos tanto en los certificados de participación cedularia (sic) como en los certificados de custodia, en ninguno de ellos dice expresa y claramente que se trate de una «COMPRA EN CRÉDITOS»; lo que sí consta es que realizó varias «INVERSIONES» garantizadas con cédulas hipotecarias y amparadas con los Certificados de Custodia correspondiente. 

»En los folios del 17 al 22 inclusive se acompaña fotocopias simples de 9 certificados de Participación Cedularia (sic) emitidos por VIVIBANCO a favor de diferentes entidades por los valores de participación que allí se indican de los cuales los identificados con los número (sic) 00331; 00302; 00797; 00802; 00803; 01803; 02275 aparecen endosados a favor de Aseguradora General (sic), sin fecha de endoso; y de los Certificados de Participación Cedularia (sic) 02274 y 02278 no consta ningún endoso. Es necesario mencionar que los montos de los Certificados de Participación Cedularía (sic) no coinciden en nada con los montos que contienen los Certificados de Custodia que se detallarán más adelante. En conclusión los referidos Certificados de Participación Cedularia (sic) identificados, no prueban absolutamente en nada respecto a que la demandante hubiese comprado créditos garantizados con cédulas hipotecarias como lo afirma el Tribunal. Por lo anterior respecto a dichos documentos cometió error de hecho en la apreciación de los mismos por tergiversación ( … ).

»Se afirma lo anterior, pues los documentos que obran a folios del 17 al 36 del expediente judicial, como ya se dijo, en ningún momento prueban la supuesta compraventa que afirma la demandante que realizó sobre créditos garantizados con cédulas hipotecarias; pues como ya se argumentó por parte de mi representada, lo que la demandante efectuó en la entidad VIVIBANCO fueron inversiones garantizadas con cédulas hipotecarías propiedad de dicho VIVIBANCO por los plazos y montos de interés establecidos en cada uno de los Certificados de Custodia que se acompañaron al memorial de demanda y que se detallan a continuación: Certificados de Custodia números: novecientos noventa mil setecientos quince guión (sic) ciento quince (990715-115); novecientos noventa mil novecientos trece guión (sic) ciento veintisiete (990913-12 7); novecientos noventa mil novecientos trece guión (sic) ciento veintiocho (990913-128); novecientos noventa mil novecientos veintiuno guión (sic) ciento treinta y tres (990921-133); novecientos noventa mil novecientos veintitrés guión (sic) ciento treinta y cuatro (990923-134); novecientos noventa y un mil ciento nueve guión (sic) ciento ochenta y uno (991109-181); veinte millones ciento doce guión (sic) dieciocho (20000112-18); veinte millones trescientos once guión (sic) noventa y cuatro (2000311-94); veinte millones trescientos once guión (sic) noventa y cinco (20000311-95); veinte millones trescientos dieciocho guión (sic) ciento once (2000318-111); veinte millones trescientos dieciocho guión (sic) ciento doce (2000318- 112); veinte millones quinientos siete guión (sic) ciento sesenta y siete (2000507-167); y, veinte millones setecientos diez guión (sic) doscientos cuarenta y ocho (2000710-248). 

»Si la operación mercantil celebrada entre Aseguradora General (sic) y VIVIBANCO hubiera sido un contrato de compraventa el documento mercantil en que se hubiera plasmado tendría que haberlo dicho expresamente y si la supuesta compradora hubiese querido dejarlo en custodia en VIVIBANCO, los respectivos certificados habrían dicho precisamente eso pero jamás mencionar como se hizo, lo siguiente: «valor total de la inversión», pues tendría que haber dicho «valor total de la compraventa»; asimismo, no hubiere existido tasa de interés, plazo, fecha de vencimiento y fecha de pago de intereses. Simplemente como lo dice el párrafo pertinente, en los Certificados de Custodia detallados, es que Aseguradora General (sic) hizo una inversión por una suma de dinero diferente en cada caso tal como consta en los Certificados de Custodia analizados que devengaba una tasa de interés por el plazo allí determinado, su fecha de vencimiento y la forma de pago de los intereses de la inversión, los cuales difieren de los contenidos en las cédulas hipotecarias con garantía F.H.A. propiedad de VIVIBANCO. 

»Por todo lo anteriormente afirmado, mí (sic) representada estima como ya se dijo, que la negociación mercantil celebrada entre la demandante y VIVIBANCO consistió en varias inversiones las cuales fueron garantizadas con cédulas hipotecarias las que nunca pasaron a propiedad de Aseguradora General (sic) por lo que los intereses devengados por esta son afectos al pago del Impuesto Sobre la Renta pues son producto de una inversión y no de una compraventa de cédulas hipotecarias.

Al afirmar el Tribunal en la sentencia recurrida que: «… Toda vez, los intereses captados por la entidad mercantil hoy demandante, fueron por inversiones hechas ‘per se’ en cédulas hipotecarias, adquiriendo la propiedad o coparticipación de las mismas, siendo dichos intereses exentos de toda clase de impuestos, contribuciones o recargos, directos o indirectos «presentes o futuros», cometió error de hecho en la apreciación de la prueba documental especificada, por tergiversación pues los Certificados de Custodia referidos, no demuestran que la demandante haya adquirido la propiedad o coparticipación de cédula hipotecaria alguna sino lo que prueban es que Aseguradora General (sic) hizo varias inversiones en VIVIBANCO bajo los plazos y condiciones que constan en cada uno de los Certificados de Custodia y cuyos intereses devengados se encuentran afectos al pago del Impuesto Sobre la Renta». 

ALEGACIONES: 

La entidad Aseguradora General, Sociedad Anónima manifestó que: «5. En consecuencia, no puede existir error en la apreciación de la prueba, cuando el tribunal(sic)le otorga al documento el sentido del contrato o acuerdo entre las partes, estableciendo lo que en él dice. Insistimos que el submotivo alegado por la Superintendencia de Administración Tributaria es improcedente, ya que claramente el Tribunal le asigna el carácter de la negociación existente en los Certificados de Custodia, donde se aprecia sin lugar a dudas que mi representada ADQUIRIÓ (sic ) cédulas hipotecarias y que el uso de su facultad de propiedad y disposición los da en custodia, para que la entidad Bancaria emisora pueda seguir realizando los cobros correspondientes. 

»6. Aunado a que no existe error de ningún tipo en la apreciación de la prueba, debemos enfatizar, lo cual no fue contradicho por la Superintendencia de Administración Tributaria, que aunque fuere secundaria la operación de mi representada, igualmente queda exenta de cualquier pago. Al respecto, se transcribe la siguiente parte considerativa de la sentencia impugnada: «En adición, por lo dicho por el ente tributario, la inversión realizada por la hoy demandante, por compra o participación, aunque fuere secundaria, cuestión que no distingue, esta (sic) calcada en lo preceptuado al final del primer párrafo del artículo treinta y dos del texto legal en mención, al decir: «… Quedan exentos de los mismos tributos las operaciones de traspaso, venta o cesión de los documentos de crédito representativos de hipotecas aseguradoras por el FHA y los certificados o títulos de los fondos de inversión constituidos por las entidades aprobadas para operar hipotecas aseguradas»». 

La Procuraduría General de la Nación argumentó: «… El tribunal (sic) afirma que se demuestra que la recurrente «realizó inversión de compra en créditos garantizados con cédulas hipotecarias ( … ). »… El Tribunal llega a la convicción de revocar este ajuste, toda vez, los intereses captados por la entidad mercantil hoy demandante, fueron por inversiones hechas ‘per se’ en cédulas hipotecarias, adquiriendo la propiedad ( … ) . »… La documentación que se relaciona, en ningún momento prueba la supuesta compraventa que afirma la demandante que realizó sobre créditos garantizados con cédulas hipotecarias. De manera que al no existir documento alguno que pruebe que la demandante compró créditos garantizados con cédulas hipotecarias, como lo afirma el Tribunal, este último cometió error de hecho en la apreciación de los mismos por tergiversación. 

»Con lo expuesto se demuestra con meridiana claridad, que el Tribunal tergiversó el contenido de los documentos aportados como pruebas, al efectuar un juicio equivocado sobre las mismas, pero no respecto a su grado de eficacia, sino en cuanto a la percepción de los hechos representados en los documentos o actos auténticos… ».

ANÁLISIS DE LA CÁMARA: 

Se configura el error de hecho en la apreciación de la prueba por tergiversación, cuando el Tribunal sentenciador le da a un documento o acto auténtico una interpretación contraria a su contenido, o realiza un juicio equivocado de los hechos representados en aquéllos. En el presente caso, la SAT aduce que la Sala sentenciadora tergiversó los documentos que obran en los folios diecisiete al treinta y seis del expediente judicial, pues en ninguno de los documentos allí contenidos tanto en los certificados de participación cedularía, como en los certificados de custodia, en ninguno de ellos se expresa que se trate de una compra en créditos, no obstante afirmó que: «… Al revisar la prueba aportada de los folios 17 al 36 (sic) del expediente judicial, se demuestra que la recurrente «realizó inversión de compra en créditos garantizados con cédulas hipotecarias ( … ) las cédulas hipotecarias y certificados de participación generadores de los intereses son de Aseguradora General, Sociedad Anónima, y no de otra entidad financiera o bancaria, como lo asevera la autoridad tributaria… ». 

Previo a efectuar el análisis de cada uno de los documentos relacionados en el párrafo anterior, se estima necesario señalar de manera general que los certificados de custodia, consiste en una de las operaciones que efectúan las entidades bancarias, y se encuentra regulada en el artículo 41 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros y se refiere a la facultad legal que tienen los bancos del sistema de recibir en depósito títulos valores y la obligación de devolver al depositante. Estas constancias o certificaciones de custodia no surtirán más efectos que el acreditamiento de la titularidad de los títulos recibidos. Esta Cámara conforme lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, procede a efectuar el análisis de cada uno de los documentos consistentes en certificados de participación cedularía, como en los certificados de custodia, que obran a folios diecisiete al treinta y seis del expediente judicial, con el objeto de establecer los puntos señalados por el Tribunal Constitucional. 

En relación con los documentos denominados Certificados de Participación Cedularía emitidos por VIVIBANCO, identificados con los números cero cero trescientos treinta y uno (00331); cero cero trescientos dos (00302); cero cero setecientos noventa y siete (00797); cero cero ochocientos dos (00802); cero cero ochocientos tres (00803); cero un mil ochocientos tres (01803); cero dos mil doscientos setenta y cinco (02275); cero dos mil doscientos setenta y cuatro (02274) y cero dos mil doscientos setenta y ocho (02278). El Doctor Manuel Osorio en su obra titulada «Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales», (LIBRO DE EDICIÓN ARGENTINA, 1978 Editorial Heliasta S.R.L, página quinientos cuarenta y nueve 549) indica que es Participación: La acción y efecto de participar, de tener uno parte en una cosa o tocarle algo de ella ( … ) Capiant dice que, por lo general, la participación es la cantidad cedida por el intermediario que abandona a favor del comprador una parte de su comisión… ».

De lo expresado anteriormente se puede inferir que si bien los certificados de participación objeto de controversia representan el derecho de propiedad de una parte proporcional o alícuota, también lo es que en dichos documentos únicamente aparecen consignados los datos siguientes: número, plan, volumen de la cartera, comprador, vendedor, documento operativo, valor de la participación, condición especial, intereses y plazo; pero en ninguno de los certificados de participación se señala en forma clara y precisa que la entidad mercantil Aseguradora General Sociedad Anónima, adquirió la titularidad sobre una parte proporcional o alícuota de un grupo de cédulas hipotecarias garantizadas bajo el régimen «FHA»; pues lo único que se puede apreciar aparte de los datos descritos; es que inicialmente las entidades MAMUT, Sociedad Anónima, y «COVISA»; eran las titulares de los certificados de participación; pero por medio de endoso otorgado a favor de la entidad mercantil Aseguradora General, Sociedad Anónima, le transmitieron de esa forma el derecho de propiedad, sin establecer fehacientemente en los referidos documentos, que los certificados de participación corresponden a cédulas hipotecarias. 

Con relación a los documentos consistentes en cédulas hipotecarias mismas que se encuentran contenidas en los certificados de custodia, números: novecientos noventa mil setecientos quince guion ciento quince (990715-115); novecientos noventa mil novecientos trece guion ciento veintisiete (990913- 127); novecientos noventa mil novecientos trece guion ciento veintiocho (990913-128); novecientos noventa mil novecientos veintiuno guion ciento treinta y tres (990921-133); novecientos noventa mil novecientos veintitrés guion ciento treinta y cuatro (990923-134); novecientos noventa y un mil ciento nueve guion ciento ochenta y uno (991109-181); veinte millones ciento doce guion dieciocho (20000112-18); veinte millones trescientos once guio noventa y cuatro (2000311-94); veinte millones trescientos once guion noventa y cinco (20000311-95); veinte millones trescientos dieciocho guion ciento once (2000318-111); veinte millones trescientos dieciocho guion ciento doce (2000318- 112); veinte millones quinientos siete guion ciento sesenta y siete (2000507-167); y, veinte millones setecientos diez guion doscientos cuarenta y ocho (2000710-248), que fueron emitidos por el Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, Sociedad Anónima (VIVIBANCO); se puede establecer que en lo mismos se indica lo siguiente:

«1. El Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, Sociedad Anónima (en adelante llamado VIVIBANCO) hace constar que: «ASEGURADORA GENERAL, S.A.» (en adelante llamado el inversionista) ha adquirido de esta Institución: CÉDULAS HIPOTECARIAS ( … ) El Inversionista entrega en custodia dichos valores a VIVIBANCO, el que por medio (sic) su representante legal los recibe de conformidad… ».

Al realizar el análisis de los documentos denominados certificados de participación y cédulas hipotecarias contenidas en los certificados de custodia; descritos en los párrafos anteriores, se estima necesario confrontar dichos documentos con lo resuelto por el Tribunal, el que consideró: «… Derivado de las pruebas relacionadas, se determina que las cédulas hipotecarias y certificados de participación generadores de los intereses son de Aseguradora General, Sociedad Anónima, y no de otra entidad financiera o bancaria, como lo asevera la autoridad tributaria ( … ) el Tribunal llega a la convicción de revocar el ajuste, toda vez, los intereses captados por la entidad mercantil hoy demandante, fueron por inversiones hechas ‘per se’ en cédulas hipotecarias, adquiriendo la propiedad o coparticipación de las mismas, siendo dichos intereses exentos de toda clase de impuestos, contribuciones o recargos, directo o indirectos, «presentes o futuros»». 

De lo anterior se determina que la Sala incurrió en el yerro invocado, pues, como se expuso anteriormente en los certificados de participación al igual que en los certificados de custodia, no se identifica específicamente el tipo de título que fue adquirido, y si efectivamente constituyen una compra de créditos garantizada con cédulas hipotecarias; determinándose entonces, que los documentos objeto de impugnación no llenan los requisitos establecidos en el artículo 386 del Código de Comercio, como lo es el de consignar el nombre del título que se trate y los derechos que el título incorpora; razón por la cual, está Cámara considera que el submotivo invocado es procedente, ya que el Tribunal al emitir el fallo, incurrió en el error que se le acusa, en la apreciación de la prueba en cuanto al discernimiento de los hechos representados en la misma. 

Por lo tanto el ajuste formulado por la SAT está apegado a derecho, debiendo confirmarse el mismo. En atención a los razonamientos esgrimidos por esta Cámara en los párrafos precedentes, debe casarse la sentencia y efectuarse los demás pronunciamientos que en derecho corresponden. 

CONSIDERANDO 

II

El artículo 573 del Código Procesal Civil y Mercantil establece la obligatoriedad de la condena en costas a la parte vencida, por lo que en acatamiento a dicha disposición deberá efectuarse el pronunciamiento correspondiente. 

LEYES APLICABLES: 

Artículos citados y: 12, 203 y 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 25, 26, 66, 67, 619, 620, 621 inciso 2º y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 57, 74, 77, 79 inciso a), 141, 143, 149 y 172 de la Ley del Organismo Judicial. 

POR TANTO: 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: 

1. PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la Superintendencia de Administración Tributaria; 
2. CASA la sentencia del once de julio de dos mil once, dictada por la Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y al resolver conforme a derecho, declara: 
   1. SIN LUGAR la demanda promovida por la entidad ASEGURADORA GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA; 
   2. se confirma la resolución número quinientos veintinueve guion dos mil cinco (529-2005) emitida por el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, el cuatro de julio de dos mil cinco, documentada en el acta número cero cincuenta y cuatro guion dos mil cinco (054-2005) y la que le sirve de antecedente; 
3. En cuanto a los demás pronunciamientos emitidos por la Sala sentenciadora, se dejan incólumes; 
4. Se condena a la entidad Aseguradora General, Sociedad Anónima al pago de las costas causadas. Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes a donde corresponde. 

Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Magistrado Vocal Séptimo, Presidente Cámara Civil; Josué Felipe Baquiax, Magistrado Vocal Sexto; Blanca Aída Stalling Dávila, Magistrada Vocal Octava; María Eugenia Morales Aceña, Magistrada Vocal Décima. Rony Eulalia López Contreras, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.

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